En educación especial estará mejor

Este texto pretende responder con evidencias científicas de las últimas décadas a esa expresión tan cacareada que pretende justificar la segregación escolar: “En la (educación) especial estará mejor”.

Da igual si se trata de un aula o un centro específico, en ambos casos estamos hablando de segregación escolar, algo que está en contra de los derechos humanos (Calderón-Almendros & Echeita, 2022). La pregunta entonces, se salta este punto tan fundamental que es la perspectiva de derechos y ética que preside la educación inclusiva: no es necesaria una argumentación dirigida hacia los resultados (Ziljak, 2013; Cologon, 2020; Lindsay, 2007; Cara, 2013; Haug, 2017; Ainscow, Booth & Dyson, 2006; Lipsky & Gartner, 1996; Slee, 2001), ni puede limitar su comprensión a los márgenes del mercado (Miles & Singal, 2010). Sin embargo, como el proyecto social y radical que es, no se encuentra exento de presiones que ejercen poderosas fuerzas contrarias a los cambios que propone.

A pesar de ello, es muy frecuente encontrar debates y afirmaciones que pretenden hacer ver que lo mejor para ciertas personas (sobre todo buena parte de personas en situación de discapacidad) no es la educación inclusiva, sino la segregada. A menudo se plantea que la educación especial es algo así como un centro de alto rendimiento que paliaría el efecto adverso de la segregación social. Lejos de esto, las evidencias científicas internacionales desde hace más de medio siglo son muy consistentes y van en aumento, sosteniendo los beneficios de la educación inclusiva frente a la educación en ambientes segregados.

Son destacables las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de ARACY (2013), Cologon (2019), Hehir et al. (2016), Fisher, Roach & Frey (2002), European Agency for Development in Special Needs Education (2018) y Szumski, Smogorzewska, & Karwowski (2017). Los beneficios de la educación inclusiva, más allá de la justicia social que favorece, se reparten en diferentes áreas o dimensiones: la mejora en la socialización, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, la sensación de bienestar por las relaciones sociales con compañeros y docentes y la inclusión social; el aprendizaje académico, así como el mantenimiento y generalización de los aprendizajes; la mejora de la comunicación y el desarrollo del lenguaje, y el comportamiento, entre otros. También se muestran otros beneficios, como la mejora de las prácticas de enseñanza de los docentes al hacerse más sensible a las necesidades de los estudiantes (Jordan, Glenn & McGhie-Richmond, 2010; Purdue, Ballard & MacArthur, 2001). Por otra parte, los beneficios de la educación inclusiva afectan a alumnado con y sin discapacidad, incluyendo también al alumnado que muchos siguen etiquetando como con discapacidades severas y múltiples (Cologon, 2020; Ruppar, Allcock & Gonsier-Gerdin, 2017).

Hay que señalar la ausencia de evidencia de calidad contraria a estos postulados, que sostenga que existe un mayor beneficio de la educación especial frente a la educación inclusiva (Cologon, 2019; Hehir et al., 2016; Jackson, 2008), y la que hay compara la escolarización en escuelas especiales u ordinarias, sin que puedan calificarse de prácticas inclusivas (Cologon, 2019; Lindsay, 2007). Es lo que ocurre cuando en estudios más locales se apunta a un incremento en el riesgo de maltrato entre iguales por abuso de poder (“bullying”) hacia el alumnado en situación de discapacidad (Rose, Monda-Amaya & Espelage, 2011). Por otra parte, la revisión de evidencias sugiere que asistir a centros segregados minimiza las oportunidades de inclusión social tanto a corto plazo (en la escuela) como a largo plazo (tras graduarse) (European Agency for Development in Special Needs Education, 2018). Sin embargo, las experiencias educativas segregadas continúan siendo comunes entre el alumnado nombrado por la discapacidad, privándoles de uno de sus derechos fundamentales (Calderón-Almendros, 2018) y a pesar incluso de que la evidencia muestra, como acabamos de apuntar, mayores oportunidades de aprender y desarrollarse en entornos educativos más inclusivos (Kurth, Morningstar & Kozlesky, 2014; Cologon, 2019; Hehir, 2016).

Todo este cuerpo de evidencias, asentadas en metainvestigaciones internacionales, debería servir de sustento para responder a afirmaciones falsas que pretender servir de argumento para actuar en contra de los derechos fundamentales de la infancia más vulnerable, así como para acometer con determinación la transformación de los sistemas educativos hacia una educación inclusiva. Este es el mayor reto que afrontan los sistemas educativos de todo el mundo (Ainscow, 2016). Las administraciones y todos los miembros de la comunidad pueden y deben dar pasos para su logro, algo que nos beneficia a todos y todas, y con ello asfaltar el camino de sociedades más equitativas e inclusivas.